La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) alertó que, durante los primeros siete meses de 2024, se han duplicado las agresiones contra las mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en Nicaragua. La organización documentó, hasta julio pasado, unas 1534 agresiones contra 121 defensoras y seis organizaciones de mujeres, mientras en el mismo periodo de 2023, hubo 805.

“Este 2024 presenta una tendencia al alza con relación a agresiones de carácter personal como la vigilancia y hostigamiento contra defensoras y activistas excarceladas, el patrullaje digital, los desplazamientos forzados y nuevos patrones de represión migratoria”, denuncian en un boletín publicado recientemente.

En el comunicado detallan que muchas de las agresiones han estado acompañadas de campañas de estigmatización y desprestigio en entornos digitales. A continuación, el análisis íntegro realizado por esta red de defensoras centroamericanas:

El lenguaje del patriarcado en las agresiones digitales

En 2024 continúa la tendencia de 2023 respecto al incremento de agresiones digitales en contra de defensoras desterradas o exiliadas que mantienen su actividad de denuncia de la situación del país a través de las redes sociales.

El 85% de las agresiones registradas en el transcurso de este año se han dado en entornos digitales. Entre estas destacan:

• La divulgación de hechos falsos (292 agresiones).
• Los cuestionamientos o puesta en duda del liderazgo, profesionalidad o ética de la defensora (282).
• La ridiculización de las defensoras y las actividades que realizan (151).
• La violencia verbal (96).
• La violencia psicológica (91).

Estas agresiones son principalmente perpetradas por usuarios virtuales desconocidos. Sin embargo, por su contenido, se identifican como sospechosos tanto a personas afines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como a integrantes de grupos de derecha, fundamentalistas religiosos y antiderechos.

En el 58% de las agresiones por medios digitales documentadas en 2024, se identifican elementos de discriminación por género. Por ejemplo, se identifica violencia verbal, expresiones misóginas y mensajes de odio basadas en la sexualidad, orientación sexual, aspecto físico o edad de las defensoras (“gorda payasa”, “vieja bigotuda”, “perra golpista”, “zorra”, “tortillera”, “farsa de mujer”, “sexo cambiado”).

Además, las agresiones en ocasiones reproducen el lenguaje de grupos de derecha ultraconservadores que buscan preservar el orden patriarcal refiriéndose a las defensoras feministas como: “feminazi”, “abortera”, “basura progre”, “femilocas”, entre otras.

Denuncian aumento del desplazamiento forzado

Desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, se han registrado 165 desplazamientos forzados de defensoras y mujeres activistas. Entre el 1 de enero y el 19 de julio de este año se han identificado 13 casos de mujeres defensoras y activistas desplazadas de forma forzada.

Entre las causas de estos desplazamientos forzados destacan el aumento de la vigilancia y el hostigamiento en sus viviendas, la expulsión del país (apatridia) y el negarles el ingreso al territorio nacional.

Si tenemos en cuenta a las personas integrantes de la familia de defensoras y mujeres activistas que también se han visto obligadas a desplazarse, el total de desplazamientos forzados documentados durante este mismo período asciende a 20. También, es importante señalar que tan sólo durante los primeros 19 días del mes de julio se documentaron 6 desplazamientos forzados, lo que representa un notable incremento de esta modalidad represiva con relación al mes anterior.

El desplazamiento forzado y el exilio genera en las defensoras y sus familias múltiples impactos, tal y como pone de relieve el reciente informe “Nadie se va porque quiere”.

Nuevos patrones de represión migratoria

A lo largo de los primeros siete meses de 2024 se han documentado 16 incidentes de represión migratoria contra mujeres activistas, defensoras de derechos humanos e integrantes de sus familias; 11 dirigidas contra las propias defensoras y activistas y 5 contra sus familiares. 

Este año se ha identificado una diversificación en los mecanismos de represión migratoria. De estos 16 casos, 69% se corresponden con el “destierro de facto”, el cual consiste en la negativa de ingreso al país a una defensora y/o su familiar. En un 25% de los mismos se observa un nuevo patrón de agresiones, el cual consiste en la utilización de mecanismos coercitivos y amenazas para que la defensora tome la decisión de no ingresar al país por miedo a represalias contra ella o integrantes de su familia.

Esta modalidad incluye el monitoreo y vigilancia de sus publicaciones en redes sociales,  interrogatorios por parte de autoridades migratorias, la confección de listas en donde aparecen sus nombres subrayados, amenazas para que no publiquen en redes sociales información contra el régimen una vez que han efectuado su ingreso y pasado los controles migratorios de retorno, entre otras formas de intimidación. Además, se ha registrado un caso de  “destierro” a través de la expulsión formal por parte de las autoridades de migración de una activista/defensora. 

Mientras que las defensoras desplazadas o exiliadas continúan siendo agredidas de forma digital, tanto sus familiares como las expresas políticas y otras defensoras reconocidas por su liderazgo social y su trabajo territorial que permanecen en el país siguen enfrentando distintas agresiones.

Durante 2024 se documentaron 65 incidentes de hostigamiento, 46 de vigilancia y monitoreo de las prácticas de la vida cotidiana, así como 23 amenazas en contra de estas defensoras. Las agresiones consisten en visitas periódicas por parte de agentes policiales a su casas con el objetivo de limitar su derecho a movilizarse libremente, controlar si se han comunicado con otras activistas en el exilio o si están participando en reuniones; también las obligan a firmar bitácoras o reportes acompañados de fotografías que la policía levanta para confirmar que están en sus viviendas, entre otras prácticas de control.