La Coalición Nicaragua Lucha denunció en un comunicado el pasado 08 de noviembre el aumento desmedido de la violencia y las violaciones a los derechos humanos contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región de la Moskitia, en el Caribe Norte de Nicaragua.
Según la Coalición, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado las políticas de control sobre las comunidades indígenas, erosionando sus sistemas de gobierno tradicional y despojándolas ilegalmente de sus tierras y territorios, mientras se perpetúa un clima de total impunidad.
De acuerdo con el informe presentado por las organizaciones que forman parte de la Coalición Nicaragua Lucha, entre enero y septiembre de 2024 se han documentado 330 casos de violaciones al derecho a la propiedad comunal.
De estos, 223 casos corresponden a la usurpación de tierras, afectando a 1,180 familias indígenas, mientras que 89 casos más documentan desplazamientos forzosos que han impactado a 590 familias de comunidades con medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La denuncia destaca que, en lugar de tomar medidas contra los invasores o colonos identificados como responsables de estos actos, la Policía ha perseguido y amenazado a los defensores del territorio, acusando a las propias comunidades de ser las causantes de las invasiones.
La Coalición también cuestiona el incumplimiento del Estado nicaragüense con el proceso de saneamiento territorial ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que busca garantizar la legalización de los territorios indígenas.
La Coalición Nicaragua Lucha también denuncia que el Estado nicaragüense ha establecido un control absoluto sobre los 23 gobiernos territoriales indígenas. Esto ha conducido a la desarticulación de la autonomía comunal, debilitando la capacidad de las comunidades para organizarse y defender sus derechos territoriales.
La creación de gobiernos paralelos y la imposición de autoridades subordinadas a las alcaldías municipales y a los gobiernos regionales son parte de un esfuerzo sistemático para anular la legitimidad de las autoridades tradicionales indígenas.
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